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Los desafíos de la política industrial en un entorno de incertidumbre jurídica

Por Julio Alejandro Millán C.

Presidente de Consultores Internacionales, S.C.

Es indudable que la relocalización de cadenas productivas conocida como nearshoring, representa una importante oportunidad para que nuestro país fortalezca sus ventajas comparativas y competitivas a nivel mundial y así alcanzar, mediante la atracción de inversiones productivas, mayores estadios de desarrollo económico y bienestar social.

Sin embargo, después de conocer y confirmar los resultados del proceso electoral reciente, lejos de gestarse las condiciones propicias para el diseño e instrumentación de una política industrial robusta, las perspectivas positivas se desdibujan y se crea un entorno de incertidumbre que ha inyectado volatilidad y pérdida de confianza por parte de los inversionistas en el devenir económico del país.

El nuevo gobierno, que por mandato popular significará la continuación del actual régimen, y que denominan como el “segundo piso de la 4T”, llega empoderado con el añadido de contar con mayorías calificadas en ambas cámaras del Congreso federal, lo que le permite modificar, según sus criterios, la estructura legal e institucional con la que ha operado el país sin ninguna cortapisa. Esta situación ha generado importantes reacciones negativas en los mercados financieros desde el día siguiente de la jornada electoral y empieza a afectar a los mercados reales.

El 3 de junio, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 6.1% y desde entonces ha mostrado una tendencia decreciente que, al 30 de agosto, había caído 5.8% en comparación al día previo a las elecciones, sin duda reflejo del nerviosismo imperante. Por su parte, el tipo de cambio que se había mantenido en niveles promedio de $16.90 pesos por dólar durante los primeros cinco meses del año, condición llamada “superpeso”, al cierre de agosto promediaba $18.50 pesos por dólar, colocándose en una tendencia volátil (cotizaciones cercanas a los 20 pesos) lo cual marca una depreciación del 15.5% desde las elecciones, y que  podría ampliarse hacia finales de año.

El entorno de incertidumbre es producto de la inminente aprobación de las 18 iniciativas de modificaciones constitucionales y legales presentadas por el presidente en febrero pasado, entre las que destacan por sus efectos en la economía: la reforma al poder judicial, la desaparición de los organismos autónomos, la reestructuración del mercado de generación eléctrica, las restricciones al consumo de agua, y el uso de las vías férreas para proveer el servicio de transporte de personas.

Estas reformas, en especial las dos primeras, tendrán el efecto de trastocar el ya de por sí débil estado de derecho, lo que puede provocar inseguridad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros, punto central en la atracción y columna vertebral de la política industrial.

La reforma al poder judicial (en la que destacan la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces) y la desaparición de los organismos autónomos, en particular los que tienen funciones de reguladores de mercados energético, de las telecomunicaciones y la competencia, podrían suscitar un clima de incertidumbre jurídica que afectaría la confianza de los inversionistas, lo que desalentaría la inversión tanto extranjera como nacional e impactar de forma negativa el crecimiento económico de México, el cual no se ha caracterizado por su dinamismo.

México es una economía diversa con amplios recursos naturales. En los últimos 10 años, los flujos recibidos de inversión extranjera directa superan los 413 mil millones de dólares, lo que ubica al país como el decimosegundo receptor a nivel mundial. No obstante, estos flujos han perdido dinamismo al punto de que el primer semestre de 2024 mostró una reducción del 3.2%, lo que muestra la desconfianza de los agentes económicos en la política económica actual y en el futuro del país.

De igual manera, nuestro país ha forjado una sólida presencia en el comercio internacional, al impulsar su economía a través de relaciones y acuerdos comerciales. El comercio exterior hoy suma más de un billón de dólares, cifra que no sería posible sin la apertura que se ha consolidado a través de tratados como el T-MEC actual y otros 14 acuerdos.

El grado de complementariedad con la economía norteamericana que se manifiesta en la integración de cadenas transfronterizas de producción y suministro, es una de las principales ventajas competitivas del país en términos de su potencial para capitalizar el nearshoring.

No obstante, los avances logrados están en riesgo por la desconfianza derivada de la inminente concentración del poder y los planteamientos frente a la reforma judicial, eliminación de los organismos autónomos y muchas otras más, que debilitan cualquier esfuerzo de defensa legítima de los intereses económicos.

Para potenciar el crecimiento económico sobre la base de una política industrial proactiva implica tomar ventaja de las fortalezas y las oportunidades transformado los flujos de inversión en el desarrollo de mejor infraestructura productiva, altos niveles de innovación y desarrollo tecnológico, y elevar la productividad y la competitividad que fomenten la creación de empleos mejor remunerados y con mejores condiciones laborales; para ello, la colaboración entre el gobierno y el sector privado es esencial, pero si el gobierno por cuestiones ideológicas se distancia de esta premisa, todo esfuerzo que se proponga llevar a cabo será vacuo.

Es necesario que la industria organizada levante la mano y asuma el liderazgo para enfrentar los retos que implica la implementación de una política industrial robusta, inclusiva y proactiva enfocada en consolidar el sector industrial y, por ende, el desarrollo nacional.

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Defender el acero y el aluminio es defender a México


Por Waldo Fernández González

Presidente de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC en el Senado de la República

Entre los sectores económicos más importantes de México, está el acero y el aluminio. Ambos son productos estratégicos para la economía nacional, que se posiciona como uno de los principales exportadores a Estados Unidos, su principal socio comercial, y con una generación de riqueza significativa.

Regiones completas de nuestro país giran en torno a la extracción, transformación y uso de estos dos productos. Detrás de ellos, hay miles de trabajadoras y trabajadores mexicanos que todos los días sostienen con sus manos una parte sustancial de la economía y al mismo tiempo, mantienen la estabilidad de sus familias.

Por eso, hoy más que nunca, debemos defenderlos con convicción.

Eso fue lo que determinamos en el Comité Promotor de Inversión y en la formalización de las mesas de trabajo rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Dichos eventos, impulsados por la Secretaría de Economía, buscan escuchar las voces de los sectores productivos, académicos, empresariales y laborales para que México llegue a la mesa de revisión con una posición sólida, consensuada y, sobre todo, con conocimiento de causa.

Es un ejercicio inédito de diálogo territorial y pluralidad económica en la historia de los tratados comerciales mexicanos.

Durante las conversaciones con las y los representantes de la industria acerera y del aluminio —entre quienes estuvieron miembros de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), intercambiamos puntos de vista sobre el presente y futuro del sector.

Entre aquello que compartimos, destaco dos sentimientos: orgullo e incertidumbre.

Orgullo por lo que han logrado —porque México es hoy un actor clave en la producción y exportación de acero y aluminio a nivel mundial— y preocupación ante la posibilidad de que, en el marco de la revisión del T-MEC, se impongan medidas proteccionistas o restricciones comerciales injustificadas que afecten directamente la industria y su fuerza laboral.

En el Senado de la República tenemos claro que la integración económica entre las tres naciones de América del Norte es una realidad consolidada, pero también que dicha integración atraviesa por momentos de incertidumbre.

México ha demostrado que puede competir con calidad, innovación y productividad, y que lo hace de manera justa, sin recurrir a ventajas desleales frente a sus socios comerciales.

Por ello, no puede permitirse ningún intento unilateral de limitar exportaciones mexicanas o de castigar los procesos productivos nacionales. Más aún, sabemos que debemos proteger a este sector y a todos quienes lo conforman.

Defender el acero y el aluminio mexicano no significa cerrar las puertas al comercio internacional, sino asegurar condiciones de igualdad y justicia comercial.

Por eso, desde mi responsabilidad como presidente de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC en el Senado, he reiterado que la prioridad es cuidar los intereses de México y garantizar que la justicia y el bienestar de nuestra gente estén presentes en cada cláusula, en cada anexo y que cada medida comercial, esté alineada con un principio fundamental.

México ha avanzado de manera notable en sus estándares de producción, en el cumplimiento de normas ambientales y en la defensa de los derechos laborales. En ese sentido, la CONCAMIN ha sido un factor clave para ello.

En los próximos meses, el Senado acompañará este proceso de la mano con las y los industriales. Escucharemos a todos los sectores, tal como lo hace la industria, analizaremos los posibles escenarios y construiremos, junto con la Secretaría de Economía, una posición que defienda lo que somos y proyecte lo que queremos ser: un país competitivo, justo y soberano.

Defender el acero y el aluminio es defender a México. Ese será, sin duda, uno de los pilares que guiarán la revisión del T-MEC.

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EL Día de los Industriales

En octubre, la CONCAMIN llevó a cabo el Día de los Industriales bajo el lema “México industrial frente a un mundo en cambio”, con el objetivo de celebrar la visión, el esfuerzo y el compromiso de quienes, todos los días, convierten la actividad industrial en desarrollo nacional.

Alejandro Malagón Barragán, presidente de CONCAMIN, señaló que los industriales somos el motor que impulsa la innovación, quienes sostienen las finanzas públicas y que, en momentos de incertidumbre, ofrecen estabilidad. Afirmó que “el futuro no se hereda, se construye con trabajo duro”.

Durante la jornada, Graciela Báez Ricárdez, directora general de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación de la SEP, impartió la conferencia “Modelo educativo actual en México”, en la que se refirió a la transformación de la educación media superior, enfocada en la ampliación de la infraestructura con la creación de nuevos bachilleratos tecnológicos, el marco curricular común, los lineamientos de educación dual y la actualización curricular, para hacer más atractiva la oferta educativa y brindar mayores oportunidades en el mercado laboral.

También tuvo lugar el panel “El derecho al agua y la restauración de los ríos Lerma- Santiago, Tula y Atoyac”, en el que participaron Paola Félix Díaz, coordinadora general del Acuerdo Nacional por el Derecho al Agua y Cooperación Internacional de la CONAGUA, y Claudia Gómez Godoy, comisionada para la Restauración y Saneamiento del río Lerma-Santiago.

En su intervención, Paola Félix mencionó que se busca crear el Registro Nacional de Agua para el Bienestar (RENAB), así como la elaboración de un plan maestro de inversión en infraestructura en todo el país. Asimismo, destacó el Plan Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, cuyo eje incluye diez líneas prioritarias, entre ellas impulsar la innovación tecnológica para el tratamiento, reuso y potabilización del agua.

Por su parte, Claudia Gómez expuso el resumen de los trabajos realizados en lo que va de este año para la restauración de los ríos, así como la vinculación con el Acuerdo Nacional y Cooperación Internacional, y la articulación social, que ha consistido en la organización de mesas de trabajo con colectivos, comunidades y académicos en Jalisco y Estado de México, además de recorridos con comunidades y autoridades municipales, estatales y federales en las entidades por donde pasa la Cuenca Lerma-Santiago.

En la conferencia “Hecho en México”, Andrea Genoveva Solano Rendón, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, puntualizó que este distintivo garantiza la calidad, el orgullo nacional y la competitividad internacional, al invitar a las empresas a registrar sus productos de manera gratuita.

Resaltó también la importancia de la colaboración entre el sector público y el privado, aunada a la intervención de los gobiernos estatales, para el desarrollo de iniciativas conjuntas con cámaras de comercio.

En otra de las ponencia, Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, habló sobre “Aranceles y revisión del T-MEC”, en la que abordó las medidas que se han implementado para fortalecer la posición de México en el comercio regional, y cómo nuestro país mantiene una ventaja relativa. Agregó que la aplicación de aranceles a países sin tratados comerciales busca impulsar la industria nacional y consideró que el T-MEC se mantendrá trilateral, porque Norteamérica es la región más integrada del mundo.

Para cerrar el encuentro, el periodista David Páramo presentó el tema “Perspectivas económicas para México y el mundo”, en la que hizo un análisis del panorama actual y de los retos que enfrenta el país.

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La ruta del desarrollo económico del autotransporte de pasajeros


Por Virginia Olalde López-Gavito

Directora ejecutiva de CANAPAT

El autotransporte de pasajeros es mucho más que un medio de movilidad; es una infraestructura estratégica que sostiene la productividad económica de México. A diario transporta a millones de personas que integran la fuerza laboral, el comercio y los servicios; tan solo en 2024 fueron 3,824 millones las personas transportadas, quienes representan un eslabón indispensable en la operación de plantas industriales, centros logísticos, instituciones educativas y cadenas de valor que mantienen al país en movimiento.

Según datos del INEGI, este sector contribuye con cerca del 2.0 % del PIB y genera empleos directos e indirectos en toda la cadena productiva. Más allá de su dimensión económica, su valor radica en la función social de acercar talento a los centros de desarrollo y conectar regiones que dependen de la movilidad cotidiana para su subsistencia. Su capacidad de recuperación se evidenció en la reactivación económica posterior a la crisis vivida entre 2020 y 2022, ejemplo de cómo la colaboración entre diversas industrias ha sido clave para retomar el crecimiento e incluso superar las cifras antes de la pandemia, como se observa en la gráfica.

Por supuesto, el desarrollo económico no puede desvincularse de la infraestructura vial. Carreteras en buen estado, seguras y bien conectadas reducen costos logísticos, mejoran la puntualidad laboral y aumentan la productividad. México cuenta con una red carretera de 916 mil 078 kilómetros, que enlaza zonas urbanas, rurales e industriales.

Hoy en día existen 477 parques industriales en México, donde se localizan más de 4,000 empresas instaladas; muchos de ellos se ubican fuera de zonas urbanas, lo que refuerza la necesidad de sistemas eficientes y seguros de transporte que garanticen el acceso ordenado y confiable de su personal a estos centros productivos.

Es una realidad: la fuerza laboral de México se traslada principalmente por autobús. El autotransporte federal de pasajeros moviliza 95 % del total nacional de usuarios, lo que lo convierte en un componente esencial para el funcionamiento de cualquier cadena de valor al transportar el capital humano que genera las bases del ecosistema económico del país.

Es innegable que el autotransporte de pasajeros en México enfrenta desafíos importantes, pero estos deben entenderse como oportunidades de mejora continua. Temas como la modernización tecnológica, la seguridad vial, la formalización de más transportistas y la eficiencia operativa y energética, no significan obstáculos insalvables, sino ejes donde la participación del sector industrial puede marcar la diferencia.

Iniciativas como la renovación vehicular —cuya edad promedio ronda los 20 años —, el financiamiento verde, los corredores seguros y la integración de pequeñas empresas a modelos de negocio colaborativos fortalecen el papel del autotransporte como eje de desarrollo y movilidad. En un contexto de nearshoring y relocalización de inversiones, asegurar el traslado eficiente de trabajadores es tan estratégico como mover mercancías.

El autotransporte de pasajeros es, en esencia, una ruta hacia el desarrollo económico: mueve millones de personas, une regiones, dinamiza economías locales y genera empleos en toda la cadena de valor. Reconocerlo como infraestructura estratégica permitirá construir una movilidad más eficiente, segura y capaz de responder a los retos del entorno global.

Hablar del autotransporte de pasajeros por carretera en México es referirse a un sector fundamental, no solo por su arraigo en la vida social, política y económica, sino por su papel como motor del desarrollo nacional. Además, tiene la bondad de que cada desafío es una invitación a la colaboración. Y es en esa articulación entre industria, gobierno y operadores donde se construirá el futuro de una movilidad más integrada y sostenible.

El autotransporte de pasajeros conecta personas, pero también enlaza historias, oportunidades y progreso para México.

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