Por Alejandro Gómez Tamez

Director general de la CONCAMIN

La industria tiene un enorme peso y relevancia en México. De acuerdo con cifras del INEGI, en el primer semestre de 2024, las actividades secundarias —minería, construcción, electricidad, gas y agua, y las manufacturas— representaron 33.8% del Valor Agregado Bruto (VAB) a nivel nacional, equivalente a casi 10.5 billones de pesos corrientes. Es importante mencionar que en los últimos 12 años, la máxima participación de la industria dentro del VAB se registró en 2012 (36.3%) y la menor en 2020 (32.6%), cabe señalar que buena parte de la contracción de la actividad industrial se debe a la pérdida de participación en la producción petrolera.

En la siguiente gráfica vemos una notable recuperación de la industria nacional después de la pandemia de COVID-19, impulsada principalment por el nearshoring y la inversión física.

La industria es un pilar para el desarrollo de México, y si bien ha perdido cierta participación en el total de la economía nacional, no debemos dejar de lado que crea 36.8% de todos los empleos formales en el país, y que las manufacturas generan 75.2% de las exportaciones. Esto nos ubica en el top 10 de países manufactureros a nivel mundial, aportando 1.7% de la producción global.

Dado lo anterior y en aras de potenciar a México, desde la CONCAMIN, se ha incentivado que nuestro país cuente con una política industrial que sea una hoja de ruta de las acciones que deben emprenderse para modernizar las estructuras económicas.

Consideramos que una política industrial sólida es clave para alentar el crecimiento económico sostenido, la creación de empleo formal bien remunerado, estimular la innovación, fortalecer las cadenas de valor y promover la competitividad de México en el ámbito internacional. Su efectiva implementación requiere del compromiso y la colaboración de todos los actores involucrados para garantizar un desarrollo industrial sostenible y exitoso.

En este sentido, la política industrial debe darse desde una perspectiva de Estado desarrollador, donde el Estado asume un papel activo como promotor y facilitador del desarrollo industrial, que establece políticas y programas que alienten la inversión productiva, el desarrollo de infraestructura de todo tipo y del talento humano, el combate directo a las prácticas ilegales y desleales de comercio internacional, la innovación, la competitividad y la internacionalización. Además de comprometerse en mantener la estabilidad macroeconómica, la seguridad pública y jurídica, el acceso a financiamiento adecuado para el sector industrial y la provisión de servicios confiables y suficientes para las empresas como agua, electricidad, gas y telecomunicaciones.

A diferencia de otros ejercicios, la política industrial que hemos desarrollado en la CONCAMIN tiene sustento, ya que es producto de la consulta con las cámaras y asociaciones que conforman la confederación, así como sus comisiones de trabajo.

Nuestra propuesta incluye a todas las actividades industriales:

• Sectores identificados en el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN): aeronáutica, automotriz, electromovilidad, baterías/almacenamiento de energía, dispositivos médicos, farmacéutico – APIs (ingredientes farmacéuticos activos), semiconductores.
• Sectores básicos: Agroindustria, alimentos y bebidas, minería, acero y cemento.
• Sectores estratégicos y de alta tecnología: Biotecnología, eléctrico–electrónico, electrodomésticos, hidrógeno verde, investigación clínica, metalmecánico y plástico.
• Sectores intensivos en empleo: Textil – vestido, calzado, papel – cartón, muebles, joyería, juguetes, industrias creativas.

Con la visión de reforzar y posicionar a la industria nacional como motor de recuperación y crecimiento económico, de prosperidad social y competitividad global, de la creación de empleo de alto valor y del desarrollo sostenible, el marco estratégico de la política industrial de México desarrollada por la CONCAMIN, ha identificado los siguientes pilares de la Política Industrial para el Desarrollo Económico y Bienestar Social:

Inversión en infraestructura: Este es un punto fundamental que implica diversas acciones, entre las que destacan: a) Desarrollar y mantener una infraestructura adecuada que facilite el transporte de mercancías, la conectividad y el desarrollo económico en todo el país; b) Incrementar la inversión en infraestructura de transporte, como puertos, carreteras, aeropuertos y sistemas ferroviarios, para mejorar la logística y la competitividad de las empresas; c) Establecer un Banco de Proyectos Ejecutivo, completo e integral que impulse el desarrollo de infraestructura a largo plazo; d) Mejorar las redes de transmisión de energía eléctrica y de distribución de agua para asegurar la continuidad de operaciones en las empresas.

Crecimiento económico: La política industrial busca impulsar el crecimiento sostenible de la economía a través del fortalecimiento del sector industrial. Al promover la inversión en infraestructura, tecnología, innovación y capacitación, se crea un entorno propicio para el aumento de la producción, la generación de empleo y la mejora de la productividad.

Empleo formal bien remunerado: El sector industrial es una fuente importante de creación de empleo formal bien remunerado. La puesta en marcha de políticas industriales adecuadas puede contribuir a generar puestos de trabajo formales y de calidad, lo que a su vez mejora los niveles de vida de la población y reduce la pobreza.

Innovación: La política industrial fomenta la innovación y la adopción de tecnologías avanzadas en la industria, lo que motiva la mejora de los procesos productivos, el desarrollo de nuevos productos y servicios, y el aumento de la capacidad de competir en mercados globales.

Fortalecimiento de las cadenas de valor: Al propiciar la integración y la colaboración entre las empresas mediante el desarrollo de relaciones sólidas entre proveedores, fabricantes y distribuidores, se da lugar a sinergias, eficiencias y oportunidades de crecimiento conjunto.

Impacto en otros sectores de la economía: El desarrollo de una industria sólida y dinámica tiene efectos positivos en otros sectores de la economía, como el de servicios, la agricultura y el comercio. La demanda de insumos, servicios y productos relacionados con la industria impulsa el crecimiento y la diversificación de estos sectores, con lo que se da un efecto multiplicador en la economía en su conjunto.

Productividad laboral: El aumento de la productividad es un elemento indispensable para: a) Consolidar la competitividad económica respecto a otras naciones, y b) Que los incrementos de los ingresos de la población ocupada puedan darse sin generar presiones inflacionarias. Implica que el producto obtenido por unidad de trabajo crezca de manera sostenida y se logra mediante la inversión productiva y en el talento de las personas.

Competitividad: La política industrial busca promover la competitividad de las empresas y sectores industriales nacionales. Esto se logra mediante el fomento de la innovación, la adopción de tecnologías avanzadas, la mejora de la calidad y la eficiencia de la producción, así como el fortalecimiento de las cadenas de valor y la internacionalización.

Diversificación de la economía: La política industrial puede impulsar la diversificación de la economía, al reducir la dependencia excesiva de un sólo sector o producto. Esto se logra al identificar y apoyar el desarrollo de sectores estratégicos y emergentes con potencial de crecimiento, lo que contribuye a una mayor estabilidad económica y a la reducción de riesgos asociados a la volatilidad de los mercados internacionales.

Desarrollo de capacidades y talento humano: La política industrial promueve la formación de capital humano especializado, con énfasis en la educación y la capacitación en áreas relevantes para la industria. Esto garantiza la disponibilidad de personal cualificado y contribuye al desarrollo de una fuerza laboral altamente productiva y competitiva.

A partir de estos pilares, y considerando la visión estratégica de la CONCAMIN, a continuación se enlistan nuestras 10 propuestas de agenda industrial con el Gobierno Federal, mismas que han sido identificadas por las cámaras y asociaciones que integran la confederación, así como las comisiones de trabajo que dan seguimiento y ejecutan las acciones estratégicas:

A manera de conclusión, podemos mencionar que la CONCAMIN desempeña un papel esencial en la promoción y fortalecimiento de la industria mexicana. La política industrial que hemos propuesto tiene como objetivo promover el desarrollo económico y social de México a través de la industria. Se busca que haya más y mejor infraestructura, mejorar la competitividad, impulsar la innovación y fortalecer las cadenas de valor en diferentes sectores. Además, se enfatiza la importancia de la digitalización y el desarrollo tecnológico para lograr un crecimiento sostenible. Nuestra política industrial se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y busca generar un impacto positivo en el bienestar social y la calidad de vida de los mexicanos. La colaboración entre los diferentes actores involucrados, incluyendo el gobierno, la iniciativa privada, la academia y el sector social, será fundamental para implementar con éxito esta política y alcanzar los objetivos planteados.

En representación del presidente, Alejandro Malagón, Eduardo Ramírez Leal, secretario general de la CONCAMIN, participó en el Diálogo regional de alto nivel: Nueva visión de las políticas de desarrollo productivo para América Latina y el rol del sector privado, por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en Chile.

En este seminario se abordó un tema relevante para el futuro de nuestro continente: la participación del sector privado en las políticas de desarrollo productivo que apuntan a la sostenibilidad ambiental.

En su mensaje, Eduardo Ramírez destacó varios aspectos clave como lo son el panorama laboral actual de México y las iniciativas ambientales adoptadas por empresas de la región.

Panorama laboral en México

El Secretario general de la CONCAMIN explicó que en el primer trimestre de 2024, la población ocupada en México alcanzó los 58.5 millones de personas, de las cuales 32.1 millones trabajan en la informalidad, y 26.4 millones en el sector formal. De estos últimos, 22.2 millones están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y 4.7 millones en otras instituciones como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Indicó que la elevada cifra de trabajadores informales es preocupante debido a la falta de acceso a la seguridad social y otros beneficios como atención médica, aguinaldos y pensiones para estas personas y sus familiares.

A pesar de lo anterior, mencionó, el mercado laboral mexicano ha mostrado un crecimiento del 1.07% en el primer trimestre de 2024 con respecto al mismo periodo de 2023. Asimismo, se registró con una leve reducción del 0.24% en el sector informal y un aumento en el empleo formal registrado en el IMSS de 2.73%, mientras que la población ocupada en la formalidad que no está en el IMSS creció 2.51%

Eduardo Ramírez Leal apuntó que estos indicadores reflejan un avance marginal, pero positivo en la formalización del mercado laboral mexicano. Reconoció que aún queda un largo camino por recorrer para garantizar que todos los trabajadores tengan acceso a empleos dignos y a los beneficios de seguridad social correspondientes.

Productividad y salarios

Otro dato importante que compartió fue que el empleo formal, que genera el 75.6% del PIB de México, es significativamente más productivo que el sector informal. De hecho, la mano de obra en la formalidad es tres veces más productiva. Además, el salario promedio de quienes están registrados en el IMSS es de $576 pesos diarios, mientras que en la informalidad se estima que apenas alcanza los $212 pesos por día.

Señaló que, en este sentido, la participación del sector privado es fundamental ya que las empresas pueden contribuir a la formalización del empleo mediante la creación de fuentes de trabajo, el cumplimiento de las normas laborales y el fomento de la cultura de la seguridad social.

Rol del sector privado en la sostenibilidad

Eduardo Ramírez Leal afirmó que el sector privado tiene un papel esencial en la formalización del empleo y en la promoción de la sostenibilidad ambiental y mencionó como iniciativas más sobresalientes:

Inversiones en Energías renovables. La reforma energética de 2013 en México permitió la inversión privada en energías limpias, aumentando significativamente la capacidad instalada de energías limpias. Comentó que entre 2014 y 2018, México atrajo más de 11,000 millones de dólares en inversiones en este ámbito, posicionando a México como un líder regional en el desarrollo de este tipo de energía.

Certificaciones y Estándares Ambientales. Empresas en la región han adoptado certificaciones como ISO 14001 y LEED, mejorando la eficiencia operativa y su reputación ante consumidores conscientes del medio ambiente.

Proyectos de Conservación y Reforestación. En sectores como la minería y la agricultura se han implementado programas de reforestación y conservación, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y la protección de la biodiversidad.

Economía Circular. El sector privado está adoptando modelos de economía circular para reducir el desperdicio y maximizar el uso de recursos, promoviendo así la sostenibilidad y la innovación. Cabe mencionar que algunas áreas de manufactura y tecnología están rediseñando sus productos para facilitar el reciclaje y la reutilización de materiales. Este enfoque no solo ayuda a reducir el impacto ambiental, sino que también puede generar nuevas oportunidades de negocio y fomentar la innovación.

Iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa. La sostenibilidad se ha integrado a las estrategias corporativas, con grandes corporaciones desarrollando productos sostenibles y reduciendo sus emisiones de carbono.

Participación en Políticas Públicas y Alianzas. El sector privado ha colaborado con el gobierno y con organizaciones no gubernamentales para desarrollar y aplicar políticas ambientales.  En México, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial ha participado en mesas de diálogo para la formulación de políticas de cambio climático y gestión de recursos hídricos.

Estas alianzas son esenciales para crear un marco regulatorio que fomente la sostenibilidad y el desarrollo económico.

Innovación y Tecnología Verde. Empresas tecnológicas están desarrollando soluciones innovadoras para la sostenibilidad, desde tecnologías agrícolas hasta software de gestión ambiental.

Para concluir su participación, Eduardo Ramírez Leal hizo un llamado a la acción, destacando que es crucial que el sector privado y el público trabajen juntos para construir un futuro más sostenible para nuestro planeta. Enfatizó que la colaboración entre empresas, gobiernos y sociedad civil es esencial para garantizar un desarrollo económico que también proteja el medio ambiente.

“Estoy convencido de que el sector privado tiene un papel fundamental que jugar en este desafío. Las empresas tienen la capacidad de generar un impacto positivo en el medio ambiente y, al mismo tiempo, contribuir al crecimiento económico y al bienestar social. Juntos, podemos construir un futuro mejor para nuestras comunidades y para nuestro planeta”.

El cambio climático ya no es sólo una tendencia para trabajar por un futuro sostenible, sino que se está convirtiendo en un aspecto clave dentro de las decisiones estratégicas de las organizaciones. En respuesta a esta necesidad, la Organización Internacional de Normalización (ISO), decidió modificar 30 estándares de sistemas de gestión para incluir lo pertinente al cambio climático, lo cual se dio a conocer en febrero de este año en conjunto con el Foro Internacional de Acreditación al que denominó Enmienda Amd 1 2024.

Esta incorporación contempla dos pilares fundamentales. El primero es el requisito de Contexto de la organización, que ahora será obligatorio, y en el que las empresas deberán evaluar cómo el cambio climático afecta, de manera positiva o negativa, su capacidad para ofrecer productos o servicios. Este nuevo enfoque fomenta una reflexión más profunda sobre los impactos climáticos como factores de riesgo y oportunidad y que pueden influir en las estrategias corporativas.

El segundo pilar es el rubro de Partes interesadas, que menciona que las organizaciones deberán analizar si una parte interesada incide o no en lo referente al cambio climático (asociado a un requisito legal). Cabe destacar que este elemento quedó como una nota (no obligatorio). A partir de mayo pasado, ambos aspectos son considerados y evaluados en los sistemas de gestión.

En este contexto, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C., IMEEC, está preparado para atender las nuevas exigencias del mercado, y ofrecer nuevas soluciones, ya que cuenta con una amplia gama de normas, que ele permiten desarrollar esquemas a la medida, cursos, talleres y certificaciones, que sirven como herramientas para que las empresas puedan implementar estas y otras modificaciones, mejorando así su competitividad y su compromiso con la sostenibilidad.